Queremos citar un aparte del libro “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina” en publicación del año 2017 de la Cepal “Comisión económica para América Latina y el Caribe”, donde sus actores escriben lo siguiente:

“En la actualidad se ha afianzado la idea de la relevancia de la tributación como un elemento esencial para el desarrollo. Los impuestos constituyen una herramienta fundamental para un Estado que busque aumentar ingresos medianamente predecibles (a diferencia de otros más volátiles, como los provenientes de la explotación de recursos naturales), mejorar su relación con el ciclo macroeconómico, favorecer la redistribución del ingreso en la sociedad y proveer a sus ciudadanos de infraestructura y servicios básicos, como los de salud y educación. La tributación también fortalece la democracia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, al mismo tiempo que promueve una mayor participación ciudadana en el proceso político al exigirse que los ingresos tributarios se inviertan de una manera inteligente y en pos del bien común”.

Todos los tratadistas de Hacienda Publica de América Latina apuntan a esta misma reflexión en sus escritos de desarrollo y crecimiento económico, por lo tanto, nos preguntamos, como es posible que Colombia, en tantos años de gobierno republicano aun no haya logrado una estructura tributaria que garantice entre otros aspectos la sostenibilidad de las finanzas públicas.

LAS REFORMAS TRIBUTARIAS DEL ACTUAL GOBIERNO.

Ley de Financiamiento de 2018: Empezamos mal, asi de sencillo, empezamos mal, y no lo decimos por su contenido estructural y enfoque de si contribuía o no al equilibrio fiscal, al desarrollo económico, a facilitar la competitividad con nuestros vecinos, a la generación de empleo, a la inversión social, etc., donde hay mucha tela para cortar por los diferentes puntos de vista que surgieron sobre este particular, sino por la falta de seriedad y compromiso de nuestros representantes de querer hacer las cosas bien, es decir, que su debate legislativo se haya ajustado a la Constitución y a la Ley. Fue declarada inexequible en bloque por vicios en su formación con efectos a partir del primero de enero de 2020, como todos los sabemos.

Ley de Crecimiento Económico conocida como Ley 2010 de 2019 que ratifico la ley de financiamiento con muchas modificaciones: Se continua igual, mal, es la opinión dominante de muchos otros tratadistas constitucionales y de pensamiento económico e inclusive de algunos mismos congresistas que dieron el debate y que aseguran que esta reforma también se caerá.

Imagínate, e senador Roy Barreras asegura que la ley de crecimiento económico tiene vicios de forma insalvables que la harían inconstitucional. Además, estima, que es regresiva.

En palabras propias del senador afirma: “Será bueno para la economía colombiana que esta mala reforma se caiga, por la improvisación, por la chapucería con que fue aprobada, a las carreras y en las madrugadas (…). La reforma terminó llena de vicios; estamos dejando en evidencia cinco causales por la que la iniciativa será declarada inexequible, pero además la reforma es inequitativa y les entregó billones de pesos a los más ricos, (pero) mantuvo la carga tributaria sobre los trabajadores, empleados independientes y pensionados, y no hizo nada para generar empleo digno. Además, abre un déficit fiscal enorme en el 2021 y 2022, disminuyendo el recaudo tributario colombiano, lo que pone en riesgo la inversión social de los años que vienen”. Y otros temas de vicio en su formación conforme al reglamento del congreso que cita el senador Barreras. Por lo tanto, el mismo la demando ante la Corte inconstitucional en todo su texto por errores en su forma.

Esta demanda del senador se suma a otras dos que presentaron Juan Esteban Sanín Gómez y Andrés de Zubiría Samper. El primero alega por ejemplo una supuesta vulneración al principio de equidad tributaria por cuenta de varios artículos, entre ellos, el relacionado con el impuesto a la renta, por crear supuestamente un trato diferencial entre instituciones financieras y las demás personas jurídicas sometidas al impuesto.

Estos son los argumentos principales de los accionantes.

La demanda pretende la inexequibilidad de los artículos relacionados con la tarifa del impuesto sobre la renta, el regimen Simple de tributación, el beneficio de tarifa para Mega-inversiones, la naturaleza jurídica de empresas de licores y exenciones al pago del impuesto predial.

El demandante alega, por ejemplo, que el artículo 34 aumentó las tarifas del impuesto a la renta para personas naturales y en el artículo 92 se disminuyó la tarifa para las personas jurídicas, situaciones que ya se habían contemplado desde la ley de financiamiento, pero sostienen, que estos tratamientos contravienen el principio de progresividad tributaria, pues considera que tienen mayor capacidad de pago las empresas que los ciudadanos.

El ciudadano demandante también argumenta, que las disposiciones que crearon beneficios tributarios para las Mega-inversiones (tarifa del impuesto a la renta del 27% por ejemplo) vulneran el principio de equidad tributaria, pues el legislador no cumplió con las condiciones previstas para establecer beneficios fiscales y, por lo tanto, dicho trato diferencial no es razonable.

En relación con el artículo 144 a través del cual se obliga a las empresas de licores que nazcan a la vida jurídica con posterioridad a la expedición de la ley a constituirse como empresas industriales y comerciales del Estado, el accionante acusó el desconocimiento de la autonomía departamental, pues las asambleas son las únicas que pueden definir la naturaleza jurídica de entidades de su nivel territorial.  Igualmente adujo el desconocimiento de la autonomía territorial al establecerse exenciones tributarias para el pago del impuesto predial, el cual es un ingreso propio de municipios y distritos.

Por otro lado, en la otra demanda se pretende la declaratoria de inexequibilidad del artículo 92 por medio del cual se gravó a las entidades financieras con puntos adicionales en el impuesto a la renta y complementarios, trasgrediendo asi el principio de equidad tributaria, pues el legislador realizó una imposición adicional y diferencial al sector financiero sin justificación constitucional razonable.

Amanecerá y veremos: Asi, como diablos vamos a lograr una legislación tributaria que no espante a los inversionistas, que muestre reglas de juego claras en la tributación del impuesto a la renta en la relación socio-sociedad, que permita la competividad con nuestros vecinos, que nueva la economía pero con impuestos equitativos de sus actores, que asegure las finanzas del Estado a largo plazo, que asegure recursos suficientes para la inversión social, etc.

Las opiniones son responsabilidad de los socios de Araque Asociados Consultores Tributarios SAS. Nos basamos en el entendimiento de las normas vigentes y en el conocimiento del derecho tributario, y puede no ser compartido por las autoridades tributarias. Consúltenos en www.araqueasociados.com Preguntas y sugerencias en el correo: contacto@araqueasociados.com. Atención personalizada: Carrera 5 No. 14-32 oficinas 5, 7 y 8 Pasaje de la Quinta, teléfonos: 8626161 y 321 452 3315 de Neiva, Huila.

 

 

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