Especial agradecimiento al Diario del Huila por ofrecernos nuevamente el espacio para continuar publicando esta columna tributaria que durante más de 8 años por este mismo medio de comunicación, ha dado divulgación y orientación de este tan importante tema para los contribuyentes en general, para el desarrollo de sus empresas y sus líneas negocio y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones tributarias con los fiscos nacional y local; así como ha contribuido igualmente, herramienta de lectura y conocimiento del derecho tributario a la comunidad académica, por lo tanto, mil gracias a nuestros lectores también.

Hoy de igual manera, sí se justifica continuar con esta labor de orientación y divulgación del derecho tributario en Colombia por la reciente reforma tributaria estructural que se dio con la Ley 1819 de 2016, que desde 1986, la estructura tributaria del país, especialmente en el impuesto a la renta, no había tenido sustanciales modificaciones, adecuadas en parte, como hecho destacable, en su letra menuda, a estándares internacionales de información financiera.

Ha sido un primer intento de esfuerzo grande del Gobierno Nacional para modernizar el sistema tributario colombiano, porque le imprimió cualidades de simplicidad al sistema, y le inyecto principios fundamentales y constitucionales de progresividad y equidad a la estructura, y finalmente aprovechó la oportunidad también, para darle competitividad a los mercados y mayor control a la evasión tributaria.

IMPACTO DE LA NUEVA REFORMA EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Esta reforma tributaria es para abordarla desde varios frentes, con retos, oportunidades e incentivos.  Por su esencia en el derecho, contempla modificaciones y adiciones en el régimen sustantivo, procedimental y sancionatorio y cada uno de estos regímenes, constitucionalmente, tiene su propia vigencia en el tiempo (Art. 338 C.N.).

El sistema tributario Colombiano del orden nacional, inserto todo en su propio estatuto tributario, el régimen sustantivo se refiere a los propios impuestos y sus elementos estructurales (Sujeto activo, sujetos pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa) y como tales, hay que distinguir por mandato constitucional, cuales impuestos obliga a cumplir los sujetos pasivos (contribuyentes o responsables) por el año gravable 2016 sin la incidencia de la nueva reforma, y cuáles y en qué momento obliga a cumplir con los cambios, adiciones y modificaciones de la reforma.

En este sentido estamos hablando por ejemplo, que las declaraciones de renta del año gravable 2016, que comienzan a presentarse a partir del 08 de marzo de este año 2017, cuyos vencimientos estan previstos desde el mes de abril y hasta octubre inclusive, se presentaran con el régimen impositivo aplicable y vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, es decir, la nueva reforma no tiene incidencia para este año gravable, sino a partir del año 2017 cuyas declaraciones se estarán presentando en el año 2018.

Ahora, desde la óptica de los retos que encara el nuevo régimen, los contribuyentes y profesionales de la asesoría, consultoría y aplicación del derecho tributario, tenemos la gran responsabilidad de dar una buena lectura a este nuevo derecho, de discernir para la adecuada interpretación del mismo, y el profesionalismo para una óptima aplicación en las obligaciones por parte de los sujetos pasivos, en especial, en primer lugar, por la interacción de los nuevos marcos técnicos normativos (NIIF) con la base gravable del impuesto de renta de las personas jurídicas, y en segundo lugar, el nuevo y exigente marco de aplicación y control fiscal para que las entidades sin ánimo de lucro sigan gozando de las prerrogativas tributarias que ofrece ese régimen tributario especial que las caracteriza.

También es reto profesional por lo nuevo y estructural del sistema, la obtención de la base gravable del impuesto a la renta de las personas naturales, que a partir del año gravable 2017 comienza a aplicarse, para declarar en el 2018, bajo un sistema que se ha denominado “renta cedular”, donde ya no importa y pierde vigencia las categorías tributarias que la Ley 1607 de 2012 había establecido para las personas naturales (Empleados, Trabajadores por Cuenta Propia y las demás), sino que, bajo este nuevo esquema de renta cedular, lo importante es, en primer lugar, la naturaleza del ingreso obtenido en el respectivo año gravable para conformar una cedula y base gravable independiente (cedula para rentas de trabajo; para pensiones; para rentas de capital; para rentas no laborales y para dividendos y participaciones). En segundo lugar, la restricción y limitación de los elementos de costo, gasto y renta exenta aplicables a cada cedula, y en tercer lugar, las tarifas del impuesto de renta a la base gravable obtenida dependiendo de la cedula que le ha correspondido declarar.

Estos y otros temas más que abordó la reforma, son frentes y retos, no solo para los sujetos pasivos de los impuestos, sino también para las administraciones tributarias.

Desde la óptica de las oportunidades e incentivos, se destaca, que la reforma trajo consigo incentivos tributarios como la eliminación temporal del impuesto de renta y posterior gradualidad en el pago de la tarifa, para empresas que se instalen en las Zomac (Zonas afectadas por el conflicto armando), tarifas del IVA del 5% cuando estaban en el 16%, bienes excluidos cuando estaban gravados, descuentos tributarios, deducciones de IVA en el impuesto a la renta, nuevos recursos para la educación superior pública y a programas de becas y créditos educativos a través del Icetex; se extendió el impuesto al consumo del 4% de la telefonía celular a la navegación móvil pero con el fin de generar de generar nuevos recursos para el deporte y la cultura, además de que solo se cobra sobre consumos superiores a $45.000 pesos mensuales; las franquicias de restaurantes estarán sometidas a un impuesto al consumo del 8% en lugar de un IVA del 19%; se fortalece el sistema de salud 0,5 puntos del IVA equivalentes a $1,3 billones de pesos; las tarifas del impuesto al tabaco que eran de las más bajas del mundo, subirán de $701 pesos por cajetilla a $1.400 en 2017 y $2.100 en 2018, con el fin de desestimular el consumo. Los recursos adicionales se destinarán a financiar el sistema de salud; y con el propósito de proteger el medio ambiente, la reforma creó un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles fósiles (Impuestos verdes), recursos que se destinarán al fondo Colombia Sostenible para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otros. Y por último, se creó un impuesto al consumo de bolsas plásticas aplicable a partir del primero de julio de este año, para estimular el uso de bolsas reutilizables y biodegradables. La tarifa aumentara progresivamente así: $20 en 2017, $30 en 2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020.

CONINUARA….

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