Es importante aclarar que el artículo 32 de la Ley 1111 de 2006 (última reforma tributaria), estableció una nueva tarifa del impuesto sobre las ventas del 1.6% para los servicios de aseo, vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y empleo temporal prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Protección Social y para todos los servicios prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.

La norma citada era bastante clara, pero el Gobierno Nacional mediante el artículo 1° del Decreto 4650 de 2006, al reglamentar la norma superior, excedió sus facultades y restringió el alcance de la Ley, al establecer que la tarifa del 1.6% la podían aplicar las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado únicamente para los servicios de aseo, vigilancia y empleo temporal, cuando la Ley decía otra cosa.

Las demandas de nulidad contra el artículo del decreto citado, por violar ostensiblemente la ley no se hicieron esperar, y fue así que el Consejo de Estado, decretó la suspensión provisional de la norma, y en sentencia de julio 24 de 2008, declaró la nulidad de los apartes de la norma del decreto que establecía la restricción aludida.

Así las cosas, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán cobrar el IVA a la tarifa del 1.6% sobre todos sus servicios prestados en cuanto a mano de obra se refiere, siempre y cuando; (i) se encuentren vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, (ii) se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio de la Protección Social, a los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social.

En Conclusión, todos los servicios prestados por las Cooperativas de Trabajo Asociado están gravados hoy a la tarifa del uno punto seis por ciento (1.6%) por concepto del impuesto a las venta-IVA.

José Hilario Araque Cárdenas

 

Soy un trabajador independiente que presto el servicio de transporte de carga mediante un vehículo camioneta afiliado a una empresa cooperativa de transporte. ¿Debo estar inscrito en el Registro Único Tributario-RUT? ¿Debo inscribirme en el régimen simplificado como me lo sugiere la Dian?

Sea lo primero advertir a los trabajadores independientes tales como; los pequeños transportadores de carga terrestre urbano, de pasajeros intermunicipal, de pasajeros urbano como taxistas y colectivos, rentistas de capital, prestamistas, arrendadores de bienes inmuebles, entre otros, el deber que le asiste de conocer las obligaciones tributarias que deben cumplir ante la DIAN, pues de no ser así, están expuestos a la imposición de sanciones por parte de la administración tributaria.

Frente a la inquietud, de confomormidad con el numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario, el servicio de transporte terrestre de carga se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas-IVA. Es decir, la persona natural –transportador- no es responsable del IVA, y en consecuencia, al momento de prestar el servicio de transporte de carga, no deberá cobrar el impuesto al usuario.

Ahora bien, el transportador al no ser responsable del IVA, no tendrá que cumplir ninguna obligación formal que se relacione con este, concretamente, no estará en el obligación de inscribirse en el RUT como responsable del impuesto, y por ende, exhibir copia de la inscripción para la procedencia del pago por el servicio prestado, pues dichas obligaciones, se exigen únicamente para los responsables del IVA. En consecuencia, la ley no le esta exigiendo que se inscriba en el régimen simplificado.

No obstante lo anterior, y frente al impuesto sobre la renta, en el caso hipotético en que el trabajador independiente –transportador- supere los topes de ingresos y patrimonio establecidos cada año por el Gobierno Nacional vía decreto para ser declarante de renta, en ese caso, el transportador deberá inscribirse en el RUT únicamente como declarante de impuestos sobre la renta.

Juan Diego Araque Duran

Las preguntas son resueltas por los socios de Araque & Asociados – Consultores Tributarios. Las respuestas se basan en el entendimiento de las normas vigentes y pueden no ser compartidas por las autoridades tributarias.

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